CUERNAVACA, MOR.- El G-10 -integrado por los grupos parlamentarios el PAN, PRII, Humanista, PANAL y Encuentro Social- pidió al resto de los legisladores de Morelos, llamar a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) para que indague los motivos de la insolvencia económica en la que se mantiene el Congreso del estado de Morelos.
En rueda de prensa, los coordinadores legislativos del PRI y PAN, Alberto Martínez González y Víctor Caballero Solano, aseguraron que la crisis económica por la que atraviesa el Poder Legislativo y que también es generadora de la falta de pago a más de 200 trabajadores de confianza, debe aclararse y establecer responsabilidades, porque -además- no existen «versiones transparentes, suficientes, claras» sobre el uso de los recursos públicos desde el inicio de la presente legislatura (septiembre de 2015).
De acuerdo con la presidenta del Congreso estatal, Beatriz Vicera Alatriste y de la secretaria de de Administración y Finanzas, Patricia Bandera, la crisis económica se debe a las abultadas nóminas de todos los diputados, pero también a una deficit causado por la falta de pagos a proveedores y otros «faltantes» de más de 70 millones de pesos, que se suman a las solicitudes de «adelantos» presupuestales del orden de los 63 millones de pesos que solicitó el legislador priista, Francisco Moreno Merino.
Además de ello, la diputada federal perredista, Lucia Meza Guzmán, quien presidió el Congreso del estado de Morelos, publicó en sus redes sociales que la legislatura que sucedió a la suya si tenía dinero para iniciar sus gestiones, y para sostener su dicho publicó un documento oficial que mostraba que la actual administración del Poder Legislativo tenía para trabajar lo suficiente, los primeros cuatro meses de su gestión: Más de 200 millones de pesos.
Martínez y Caballero coincidieron en que las cifras son diversas, por lo que se hace urgente saber dónde está el dinero y quiénes fueron los responsables del manejo, por lo que también consideraron inadecuado que sea la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso estatal la que realice la auditoría, ya que ello «supondría parcialidades».
Indicaron que a pesar de que la mayoría de los diputados ya aprobaron que sea el órgano local la que realice la investigación, el G-10 solicitará al pleno que sea la ESAF la que indague qué pasó con el dinero del Congreso estatal.
Sin condicionamientos
Los legisladores celebraron que después de casi dos semanas de iniciada la protesta de diputados y trabajadores, por falta de pago, la presidenta del Congreso local, Beatriz Vicera Alatriste, haya aceptado dialogar con los inconformes.
Acompañados de otros legisladores como Alberto Mojica del PAN, Esaú Contreras del PES, Aristeo Rodríguez del PRI y de Edith Beltrán del Panal, los líderes legislativos de Acción nacional y del tricolor indicaron que pese a la disposición de Vicera Alatriste, no aceptarán los condicionamientos para iniciar el diálogo.
Indicaron que Vicera Alatriste les pidió retirar la protesta y liberar las entradas de la Junta Política y de Gobierno, y de la Presidencia, sin embargo, apuntaron que cualquier diálogo debe comenzar sin cuestionamientos, por lo que las protestas se mantendrán, y que el Congreso estatal debe pagar ya a sus trabajadores.
