CIUDAD DE MEXICO (Milenio).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que pida la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral por aproximadamente 79 millones de pesos.
Un juez federal ordenó la captura del ex gobernador porque en su administración se retuvo un porcentaje de los salarios de los servidores públicos de la entidad para entregárselos directamente al PRI.
En marzo pasado la PGR solicitó a la secretaría general de Interpol la emisión de una ficha roja para detener a Duarte, contra quien en ese momento solo había una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Dicha petición se hizo a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
El juez de control del Distrito Judicial Morelos, en el estado de Chihuahua ordenó aprehender a César Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Ahora, la Fepade pidió a la Subprocuraduría Jurídica de PGR que la nueva orden de aprehensión, librada por un juez federal, se anexe a la solicitud que en marzo pasado se hizo a Interpol.
Tras una denuncia de la secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, Stefany Olmos, la Fepade detectó que entre 2010 y 2016 se realizaron retenciones, entre el cinco y diez por ciento su salario, a los servidores públicos de todas las áreas del estado de Chihuahua, que habrían sumado 79 millones de pesos.
AMPARO
Hace unos días, MILENIO publicó que el ex gobernador promovió un amparo para no ser aprehendido por la PGR, porque aseguró que tratan de incriminarlo en delitos que no ha cometido.
Lo anterior consta en el juicio de garantías interpuesto en el juzgado Décimo de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, donde la defensa del ex mandatario estatal aseguró que la PGR realizó un operativo en la casa que habitan las hijas de Duarte, en la colonia Lomas de las Palmas, en el municipio de Huixquilucan.
“Asimismo, fui informado que dichos agentes comentaron que era necesario obtener una confesión (de César Duarte) aún en contra de su voluntad, lo que significa que de privarlo de su libertad lo incomunicarían y ejercerán actos de tortura o tormento en su contra”, detalla la demanda.
La juez Guadalupe Rocío Neri Reynaga concedió una suspensión provisional a Duarte Jáquez solo para el efecto de que no sea incomunicado, en caso de ser detenido, y para que no sea sometido a tratos crueles e inhumanos.
En la demanda se menciona que el pasado 30 de mayo, el ex gobernador presentó un escrito dirigido al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, en el que manifestó que tenía conocimiento de que la fiscalía había iniciado averiguaciones previas o carpetas de investigación, en las que se investigan hechos relacionados o acontecidos durante su gestión como gobernador.
