CUERNAVACA, MOR.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le apuesta al descarrilamiento de ningún aspirante al gobierno estatal para avanzar en las preferencias rumbo a la gubernatura, aseguró el representante de ese partido ante el órgano electoral local, Luis Rubén Cifuentes Carrillo quien destacó que si algún aspirante a la primera magistratura tiene alguna deficiencia legal, deben ser las autoridades correspondientes las que determinen su suerte inmediata.
En entrevista, el representante priista aseguró que aún cuando el PRI y su candidato a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza aparecen ya – después de Cuauhtémoc Blanco- en segundo lugar en distintas encuestas difundidas por partidos políticos en la entidad en los últimos días, el instituto político sólo le apuesta al trabajo de estructura y, posteriormente, a la campaña electoral para avanzar en las preferencias, pero no a la descalificación de Cuauhtémoc Blanco.
La semana pasada el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), autorizó indagatorias para conocer si todos los ocho aspirantes al gobierno estatal cumplen con los requisitos de elegibilidad, si no están bajo investigación penal por delitos electorales y si han justificado legalmente sus movimientos dentro del Padrón Electoral, y aún cuando la indicación fue para investigarlos a todos, el contexto refiere que Blanco Bravo es el principal punto de esas investigaciones.
En ese sentido, Cifuentes Carrillo, representante del tricolor ante el consejo electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), expuso que para su partido “aún no está claro”, si el Impepac está facultado para impulsar de manera oficiosa una investigación contra todos los aspirantes a la gubernatura, además de que, aunque la medida incluye a todos los nominados, el contexto indica que es Blanco Bravo el que estaría bajo la lupa.
Indicó que el PRI mantiene la idea de que ningún órgano debe limitar la participación de nadie, a menos que ya se encuentre consumado el hecho de que han tratado de violentar la ley, lo que de inmediato lo descalificaría a cualquiera para competir en las elecciones del primero de julio.
El Impepac debe resolver la procedencia de los registros de los ocho aspirantes al gobierno del estado de Morelos antes del 29 de marzo, pero paralelamente debe concluir sus investigaciones con información de la Fepade de la PGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía General del estado de Morelos (FGE), -donde se mantiene la investigación por la autenticidad de la firma del supuesto contrato por siete millones de pesos para ser candidato—y del Ayuntamiento de Cuernavaca.
