CUERNAVACA, MIOR.- La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del estado acusaron a personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a legisladores locales de Morena de bloquear la remoción de los Fiscales de Justicia, Uriel Carmona Gándara y Anticorrupción Juan Salazar Núñez, que solicitara este martes el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En rueda de prensa, los legisladores José Casas González y Tania Valentina Rodríguez Ruíz, aseguraron que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional se han ausentado de los acuerdos y de las sesiones de la Junta de Coordinación Política (JCP) desde este martes, lo que impide desahogar la solicitud de Blanco Bravo.
La semana pasada los petistas descubrieron e hicieron público que los fiscales en referencia no cuentan con sus exámenes de control y confianza, por lo que no reúnen los requisitos para ocupar sus puestos, –los cuales les fueron otorgados por la anterior legislatura a propuesta del ex gobernador, Graco Ramírez—por lo que es necesaria su salida.
Casas González y Rodríguez Ruíz, esta última coordinadora parlamentaria del PT y presidenta de la JCP, señalaron al flamante director nacional de enlace con los Ejecutivos de los estados y los Congresos estatales de la secretaría de Gobernación, Miguel Lucia Espejo de estar detrás de los obstáculos a la petición de Blanco Bravo.
Ante los medios de comunicación, Casas González y Rodríguez Ruíz señalaron que si Lucia Espejo está detrás de las evasiones de Morena –del que fue presidente estatal- es porque tiene instrucciones de ello del ex senador Rabindranath Salazar Solorio, próximo director de Banco de Bienestar, antes conocido como Banobras, quien fue despojado de la candidatura al gobierno estatal para entregársela a Blanco Bravo.
Rodríguez cuestionó la congruencia de los militantes y legisladores de Morena, quienes deben ser los primeros en ser “contundentes contra la corrupción”, pero a diferencia de ello, obstaculizan la destitución de los Fiscales a pesar de las pruebas que les impiden ser funcionarios públicos en Morelos.
Por su parte, Casas González, subrayó que ese grupo de diputados no está dispuesto a velar por los intereses sociales del pueblo de Morelos, “muy por el contrario”, ya que parece que obedecen la instrucción de alguien que está empecinado en que no se mueva al Fiscal General del Estado, a pesar de que las pruebas son contundentes.
Insistieron que la JCP del Congreso del estado ya analizó el documento enviado por el ejecutivo estatal, por lo que consideran que tanto Carmona Gándara como Salazar Núñez, “no cumplen con lo dispuesto por el artículo 21, décimo párrafo, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 40 fracción XV, 52, 55, 56, 65 y 66 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como por el diverso 194 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos”.
De ello “se advierte la actualización de la hipótesis de la probable comisión de un ilícito ante la evidente falta de cumplimiento con los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones de procuración de justicia”.
“El fiscal ya está fuera y lo sabe… solamente es cuestión de tiempo y de voluntad”, aunque eso no se podrá hacer sin MORENA, dado que éste cuenta seis votos en la Junta Política, indicó Rodríguez Ruíz.
