David Monroy
CUERNAVACA, MOR.- La comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estero, acordó solicitar la destitución de los fiscales de Justicia, Uriel Carmona Gándara y Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, al considerar que hay elementos suficientes para separarlos de su cargo.
En sesión a puerta cerrada, los legisladores determinaron someter al pleno del Congreso estatal, la solicitud de remoción de los funcionarios, a quienes acusan de incumplir con los exámenes de control y confianza, lo que les impide -según ellos- a seguir en el cargo.
Para garantizar su derecho de audiencia, los Fiscales fueron citados este jueves al medio día, para que comparecieran ante la comisión respectiva, pero ninguno de los dos se presentó ni justificó ausencia, aseguró el diputado Alfonso Sotelo, presidente del órgano referido.
A través de un comunicado difundido por sus cuentas oficial, el abogado del estado de Morelos, expresó que el llamado por escrito efectuado por los legisladores, no se le agregó la solicitud de remoción que impulsan junto con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ni tampoco se le dieron a conocer “las supuestas causas graves que pudieran justificar su remoción”.
En su escrito, también argumentó que no se le otorgó un plazo razonable para defenderse, ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, por lo que se viola su garantía de audiencia, el debido proceso presunción de inocencia, además de que consideró que el intento del gobernador y de los diputados para destituirle, Viola la autonomía de la Fiscalía General del estado y sienta un precedente a nivel nacional.
Actualmente el Fiscal mantiene una solicitud de revisión a un juicio de amparo con el que pretende esquivar las acciones de los diputados y del mandatario estatal.
Mientras tanto, el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, tampoco se presentó ante los legisladores, en cambio ya había iniciado acciones jurídicas al denunciar percal mente al principal impulsor de su salida en el Congreso del estado, el legislador José Casas González quien -según el dicho del funcionario- incurrió en delitos al dar a conocer información considerada clasificada con el fin de justificar o acelerar la destitución de los fiscales.
