CUERNAVACA, MOR.- El Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara no podrá ser destituido por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ni ser afectado por procedimiento legislativo alguno, según determinó el juzgado sexto de distrito quien concedió una suspensión provisional al jurista.
La determinación del juzgado federal derivada del juicio de amparo 2034/2018, iniciado por Carmona Gándara, tiene como fin darle la oportunidad al funcionario para que pueda defenderse ante el Congreso estatal de las imputaciones que se le hacen, con las que se pretende destituirlo.
Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del estado y Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción, enfrentan un proceso de destitución impulsado por el mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo con apoyo de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y otros diputados, quienes consideran que los funcionarios deben ser despedidos por no contar con los exámenes de control y confianza.
En contraparte, los fiscales argumentan que el proceso no sólo viola la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, sino también viola sus derechos, ya que el proceso no cumple con los preceptos legales que sustenten la petición, como sería en haber incurrido en delitos graves.
Para enfrentar la acción de los legisladores y del propio jefe del ejecutivo estatal, tanto Carmona como Salazar ha iniciado sendos juicios de protección de garantías ante juzgados federales, y en ambos casos han obtenido la protección de la justicia federal.
A través de u comunicado, el Fiscal General Uriel Carmona, afirmó que en ningún momento se le ha dado a conocer de manera formal, las supuestas causas graves ni las pruebas que pudieran justificar la remoción y tampoco no se le ha dado a conocer el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Asimismo, -aseguró- no se le concedió ningún plazo razonable para presentar su defensa ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos a su favor, violando con ello sus garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia a través de un proceso de destitución iniciado por el Poder Legislativo.
En su escrito, , Carmona Gándara, llamó a los legisladores que han mostrado insistencia en su remoción, con acciones enmarcadas en la ilegalidad, “a que se conduzcan con mesura” y respeten la ley.
