Al inicio del 2018 algunos organismos de la sociedad civil lo confirmamos, el año 2017 había sido el año más violento de la historia moderna de nuestro país. Desde hacia 20 años no se habían registrado cifras record de violencia en conductas como el homicidio doloso o bien la desaparición forzada de personas. Ahora en 2019 frente a toda tendencia, el pronóstico se cumplió y 2018 superó lo registrado en 2017, convirtiéndose en el año más violento de nuestro país. México cierra el 2018 con un total de 34, 202 homicidios dolosos y más de 37,485 personas desaparecidas. Y sí, los niveles de violencia en el país son alarmantes y la batalla en contra del crimen organizado parece no dar tregua.
Pero y a todo ello, ¿que ha pasado en lo local? Desde que se anunciará la famosa “guerra contra el narco”, las entidades federativas han recibido cantidades importantes de recursos como parte de la estrategia para fortalecer el aparato de seguridad pública estatal y especialmente municipal. En el caso específico de Morelos, un total de 11 municipios reciben recursos de partidas federales como FORTASEG y Ramo 23. Que han permitido fortalecer el estado de fuerza y el número de equipamiento en uniformes y patrullas, o quizá no. Porqué también es cierto que muchos de los municipios que han recibido este tipo de apoyo tienen severos problemas de infraestructura y equipamiento, pero eso lo comentaremos en otra oportunidad.
Sin embargo, hoy los estados se han declarado incompetentes para afrontar el reto y han optado por sumarse a una estrategia federal. Un “mando coordinado” se anunció en Morelos, mismo que no da muestras de estrategias certeras y lo más preocupante, que parece ha agravado en los pocos días de su ejecución, una constante ola de violencia que acusan y justifican es resultado de la acción de los cuerpos de seguridad.
Resulta difícil de creer que la nueva estrategia –cualquiera que esta sea- este dando resultados, más cuando a días de implementarse las autoridades encargadas de la misma, arrojan hipótesis al aire y permiten ver que las instituciones de seguridad en la entidad apenas si contienen el numero de eventos delictivos que suceden en la zona metropolitana del estado. Si bien es cierto, que en algunos países la implementación de estrategias frontales en contra de grupos delictivos ha tenido aumentos significativos de enfrentamientos violentos y asesinatos, también es cierto que sus autoridades son conscientes de estos aumentos y conocen y pueden prever los resultados negativos que estas tendrán. Pero este no es el caso de Morelos, no es el caso de México. Por ahora se arrojan cartas, se estiman números, se adivinan hipótesis. Y en el medio estamos nosotros los ciudadanos, miles y miles de personas que seguimos siendo los afectados indirectos, los daños colaterales como nos llama el ejército. La consecuencia y el efecto que deja la impunidad. Y Mientras tanto seguiremos rogando por que el 2019 no se convierta en el nuevo año, más violento de nuestro país.
Dra. Cristina Rumbo Bonfil es Presidenta del Observatorio Ciudadano de Morelos.