Con información de Agencias
En la última década, 108 personas fueron asesinadas en México por defender los bosques y los ríos, y 68 de ellas eran indígenas.
Los principales perpetradores de los crímenes contra personas defensoras del territorio son agentes estatales, pero también actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes, advierte la organización internacional Global Witness en su informe de 2019.
Michoacán es el estado más mortífero para las y los defensores indígenas del territorio, al concentrar el 63 por ciento de los asesinatos, de acuerdo con la base de datos procesada por Mexico.com, de donde se extrajo esta información.
De los 43 crímenes registrados en esta entidad, 29 ocurrieron en la localidad de Santa María Ostula y están relacionados con la resistencia del pueblo ante proyectos mineros.
A nivel nacional, el pueblo nahua, con presencia en 12 estados del país, registra el mayor número de los asesinatos, 37 en total; le sigue el purépecha, en Michoacán, con 14, y el ramámuri, en Chihuahua, con 7.
Integrantes de los pueblos indígenas wixárica, triqui, tsotsil, yaqui, ayuuk y mixteco también fueron asesinados en este periodo, crímenes que se consumaron en Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Sonora.
La base de datos elaborada por Laura Castellanos y Denisse Sandoval inicia su conteo en 2009 y el último asesinato que registra es el del Margarito Díaz González, ocurrido en septiembre de 2018 en Nayarit.
El indígena huichol que denunció la presencia de empresas mineras en territorio wixárica, murió de un disparo en el rostro.
A los 6 asesinatos registrados en 2018 se suman 4 más que Global Witness incluye en su informe; así, al menos 10 defensores indígenas fueron exterminados en el país el año pasado por defender el territorio, incluida una mujer.
Son Guadalupe Campanur Tapia y Jesús Álvarez Chávez, de Michoacán; Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit, de Puebla; Abraham Hernández González, Noel Castillo Aguilar y Rolando Crispín López, de Oaxaca; Julián Carrillo y Joaquín Díaz Morales, de Chihuahua y Margarito Díaz González, de Nayarit.
En su informe ¿Enemigos el Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, Global Witness destaca el caso de Julián Carrillo, líder rarámuri que luchó contra las concesiones mineras en su comunidad, Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua.
El defensor fue acribillado en octubre de 2018, pero antes había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia y al incendio de su casa, y librado reiteradas amenazas de muerte.
En la última década también fueron desaparecidos 14 defensores indígenas del territorio, entre ellos Sergio Rivera Hernández, integrante del movimiento en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala.
En 2019, nueve asesinatos
Hasta el 5 de julio pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había contabilizado 13 asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos en 2019.
Información recogida de reportes de prensa permite concluir que 9 de estos crímenes fueron contra defensores indígenas de la tierra y el territorio.
En mayo pasado se supo del asesinato del defensor indígena Leonel Díaz Urbano, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tahitic, en Puebla.
Ese mismo mes fueron asesinados José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, quienes eran promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” y defensores de su territorio y cultura.
También fueron ejecutados en 2019 los defensores Samir Flores, Estelina López, Bernardino García Hernández, Gustavo Cruz Mendoza, Noe Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
