LPO
La extensión del mandato de Jaime Bonilla en Baja California abrió una inexorable polémica, no sólo por la discusión en torno a la legalidad o la constitucionalidad de la definición del congreso local, sino por el modo en que se definió esa votación: sesión a puertas cerradas y en una sede alterna, instalada en el Ayuntamiento de Rosarito.
Este último dato no pasó por alto en la militancia de Morena, porque es una práctica que se alinea a la perfección con las travesuras de Graco Ramírez, el ex gobernador de Morelos que logró colarse como asesor de Bonilla. El perredista tiene un largo historial de iniciativas aprobadas de esta forma: en sesiones de madrugada, moviendo a los diputados a sedes sorpresivas y en votaciones casi secretas.
En Morena crece el malestar por la presencia y la influencia de este personaje en las filas de Bonilla. Graco logró colocar a su hijo, José Domingo en el equipo de transición de Bonilla, una decisión que incluso generó asombro en algunos asesores de Palacio Nacional.
Córdova reprochó a Morena por poner a consulta la Ley Bonilla: «No sustituyan elecciones»
El prontuario de Ramírez es interminable. Quizás el caso más emblemático fue la toma de deuda por 2,000 millones de pesos que autorizó el Congreso de Morelos, en una polémica sesión de madrugada y desde luego a puertas cerradas. Con ese último endeudamiento, Graco cerraría su gestión con un endeudamiento de más de 700%.
Pero no fue el único caso. Al cierre de su gestión, el Congreso de Morelos también daría pensiones de privilegio al Gabinete de Graco, también en sesiones de madrugada y a puertas cerradas. «Es una tendencia, casi una obsesión que tiene Ramírez», se quejó un militante de Morena en Baja California, que exige la remoción del perredista de las filas de Bonilla.
«Apoyamos toda la campaña y ahora debemos soportar a Graco, que hasta hace muy poco apoyaba a Kiko Vega», se quejó el mismo militante, en referencia a los apoyos públicos que el ex gobernador perredista daba a la alianza de gobierno que antecedió a Bonilla.
En efecto, Ramírez decía que Kiko Vega representaba «el segundo jalón democrático para Baja California, porque su gobierno sería a favor de los ciudadanos y no para el beneficio político».