En la sesión ordinaria del pleno de este miércoles, durante la votación del dictamen que resolvió la controversia constitucional sobre las jubilaciones del Poder Judicial, quedó en evidencia que para el gobierno y los diputados denominado G13, es más importante cuidar el gasto de su nómina, al sacrificar 26 millones de pesos de inversión de los programas de desarrollo económico, social y de educación.
Desde la máxima Tribuna del Congreso del Estado, durante sus intervenciones, las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT); y durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, dejaron en claro que su propuesta fue siempre acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aclarando al Gobernador del Estado, que nunca debió disponer de recursos públicos para el desarrollo del Estado.
En la discusión de la iniciativa las legisladoras advirtieron que hubo negligencia en la dictaminación por parte de la Diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazarí Espín, quien faltando unas horas para el cumplimiento de la obligación presentó un dictamen, que además nunca fue votado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión.
Las diputadas lamentaron una vez más que este Congreso del Estado conformado por 20 diputadas y diputados, 13 de los legisladores sigan actuando de manera ilegal y no respeten la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
