CUERNAVACA, MOR.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su dirigente estatal, Gabriela Bañón Estrada, serán sometidos a un proceso sancionador por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por evitar informar sobre su padrón de dicha organización, según un resolutivo de la comisión de Organización y Partidos Políticos (COPP) del órgano electoral del estado de Morelos.
Durante la sesión extraordinaria realizada este lunes, los consejeros integrantes de dicha comisión, votaron por unanimidad someter a la entidad sindical magisterial y a su secretaria general, a un proceso de sanción que puede resultar en una amonestación hasta una multa de varias UMAS, informó el titular de la COPP, Javier Arias.
Este lunes, los integrantes de la COPP se reunieron en el último día del plazo previsto por la ley, para determinar sobre las solicitudes de registro de partidos políticos locales, y entre las consideraciones administrativas que se tomaron para determinar la viabilidad de cada una de las propuestas, era comprobar que en la integración de sus afiliaciones no se hayan ejercido ninguna presión o práctica gremial.
La idea, explicaron, era hacer un cruce en los nombres de los afiliados entre el padrón o listados oficiales, con las listas de los pretendidos nuevos partidos, para localizar alguna practica corporativista.
Ante ello, informaron, se solicitó a dependencias y organizaciones, entre ellas el SNTE, información sobre su forma de organización pero también sus padrones, para lo que enviaron sendos oficios de colaboración, mismos que fueron contestados positivamente, excepto en el caso del sindicado de maestros.
Los consejeros expusieron que el SNTE y su dirigente estatal se negaron a entregar la información requerida, incluso, deslizaron que quizás Bañon Estrada trató de burlarse de la petición, pues al oficio de solicitud de información, la dirigente contesto: “Nosotros no tenemos un sindicato”, lo que causó indignación a los consejeros y representantes de los partidos políticos, por lo que determinaron iniciar el proceso de castigo.