CUERNAVACA, MOR.- José Raúl González Velázquez, notario número uno –en suspenso- llamó a las autoridades estatales a cesar las acciones jurídicas en su contra, hasta que la justicia federal no resuelva de fondo la controversia que enfrenta para recuperar la continuidad de la representación notarial que le fue arrebatada en 2016: “Yo lo único que pido es que todo se resuelva conforme a derecho”.
González Velázquez denunció que el pasado viernes, elementos policiacos y personal de la dirección jurídica del gobierno estatal, se introdujeron al domicilio donde prevalecen sus oficinas, para extraer los protocolos de la Notaria Pública número uno, por lo que ahora, más de 300 libros con miles de actuaciones jurídicas como escrituras ó poderes, entre otros, están en poder de las autoridades.
“Esta es una ilegalidad como todo lo demás (…)Rompieron las chapas, las cerraduras e incluso la puerta de acceso al inmueble (…)se introdujeron al mismo, yo no sé, repito, si llevaban una orden y la autorización de poder tirar y usar la fuerza pública, romper cerraduras y todo porque hasta donde llegan mis conocimientos como abogado eso sólo lo puede hacer la autoridad judicial en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales”, externó en entrevista.
Este fin de semana, el gobierno estatal justificó dicha acción a través de un comunicado, donde estableció que la acción encabezada por el director jurídico estatal, Ramón Velázquez tuvo por objeto “poner a salvo” dichos protocolos para proteger las certeza jurídica de los clientes de González Velázquez, lo cual fue rechazado por el jurista entrevistado como un hecho legal o necesario.
La esposa del notario, Reyna Ramírez Moreno, dueña del inmueble ubicado en la colonia Jardínes de Cuernavaca, denunció el hecho ante la Fiscalía General del estado de Morelos, bajo el número SC/01/4364/2017, a la cual se sumará el entrevistado en breve, además de analizar la posibilidad de iniciar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Los antecedentes
En entrevista, el afectado dijo que esta acción forma parte del rosario de acciones legales en donde ha resultado afectado desde 2015. Atribuyó los embates en su contra a que fue relacionado con la entonces candidata del PRI a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez, a quien notarizó una propiedad que a la postre fue utilizada por el PRD para ejempificar la supuesta corrupción de la entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso federal.
Tras darse a conocer dicha información, Velázquez fue objeto de una revisión de su notaria el 12 de mayo de 2015, posteriormente, fue suspendido de sus actividades el 14 de marzo del mismo año, y finalmente fue dado de baja como notario el dos de febrero de 2016.
Según el entrevistado, todas estas acciones carecieron de legalidad, ya que –además- se violaron sus garantías individuales como las de audiencia y debido proceso, por lo que logró que un juzgado federal le protegiera el tres de julio de 2016 contra los actos de suspensión, el 9 de febrero de 2016 contra la destitución, y logró que se le diera la suspensión definitiva contra dicho acto el pasado 29 de agosto de 2016.
Trafico de influencias
En este momento, su caso se mantiene en revisión en el Tribunal Colegiado, debido a la solicitud de las autoridades estatales, que podría fallar en breve, sin embargo, según dijo, su temor es que en esta resolución continúen las agresiones en su contra
Denunció, su temor fundado se basa en que dicho Tribunal federal está integrado por tres personas que entre si mantienen relación personal y familiar, pero además, guardan relación con quien considera, es el autor de su debacle: el actual notario público número 13, Raúl Israel Hernández Cruz, quien hasta hace poco era el director jurídico del gobierno estatal.
Según pudo constatar este medio de comunicación, Hernández Cruz es hermano de Patricia Berenice Hernández Cruz, quien es la secretaria de estudio y cuenta del magistrado ponente (de su caso), Guillermo del Castillo, quien a su vez está casado con Isela Rojas Olvera, quien es sobrina de la esposa y del magistrado Alejandro Roldán.A su vez, Rojas Olvera es la secretaria proyectista de Ana Luisa Mendoza Vázquez, otra de las magistradas de ese Tribunal Colegiado Penal y Administrativo que está conformado por Guillermo del Castillo, Alejandro Roldán y Ana Luisa Mendoza Vázquez.
