WASHINGTON.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy que las ‘ciudades santuario’, aquellas que no colaboran con las autoridades federales para deportar a migrantes, no podrán recibir fondos del Departamento de Justicia ni del Departamento de Seguridad Nacional.
Sessions anunció, en un memorándum, la implementación de la Orden Ejecutiva 13768 llamada “Mejorando la seguridad pública al interior de Estados Unidos”.
La implementación determina que las ciudades y los condados que no cumplan con la ley federal en materia de migración “se les impedirá únicamente el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Nacional”.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como las cámaras corporales que incorporaron a sus uniformes agentes de ciudades como Baltimore (Maryland) tras episodios de tensión racial.
Mientras tanto, los fondos del Departamento de Seguridad Nacional ayudan a las ciudades y condados en diferentes aspectos, entre otros, para el cumplimiento de las leyes migratorias.
El memorándum establece que a las ‘ciudades santuario’ no se les puede negar ninguna “otra fuente de financiación federal”.
La iniciativa del Departamento de Justicia podría afectar hasta 200 entidades locales conocidas como ‘ciudades santuario’ que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.
En el memorándum se establece que las ‘ciudades santuario’ son aquellas que “voluntariamente se niegan” a cumplir con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de sus detenidos.
El movimiento supone una moderación de la posición del gobierno con respecto a las promesas electorales que había hecho el ahora presidente, Donald Trump, durante la campaña electoral.
Trump prometió que acabaría con las ‘ciudades santuario’ y, cinco días después de llegar al poder, el 25 de enero, firmó una orden ejecutiva en la que pedía a Sessions y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que se aseguraran de que esas entidades locales no recibían ningún fondo del gobierno.
Sin embargo, el pasado abril, un juez de San Francisco (California) bloqueó de manera temporal la parte de la orden ejecutiva de Trump que hablaba sobre las ‘ciudades santuario’.
En concreto, el juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, determinó que el decreto de Trump violaba la Constitución porque el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto y el presidente no tiene el poder de arrebatar fondos a las entidades locales.
El fallo, sin embargo, no impedía al gobierno identificar a ciertas localidades como ‘santuario’ y tampoco le prohibía poner nuevas condiciones para distribuir el presupuesto de sus propios departamentos, algo que ya había amenazado con hacer el Departamento de Justicia.
De esta forma, Sessions aprovechó el hueco legal abierto por el juez de San Francisco para establecer nuevas condiciones y definir a las ‘ciudades santuario’.
