SAN DIEGO (Excelsior).- El gobierno de Estados Unidos informó la creación de un grupo que coordinará la reunificación de familias inmigrantes cuyos padres han sido deportados o liberados en el país.
En un reporte entregado este jueves en una corte federal en San Diego, el gobierno instituyó un grupo para esta tarea, que responde a un mandato del juez federal Dana Sabraw, quien ya la semana pasada calificó de “inaceptable” que no se hubiera planteado un plan para enmendar la separación de familias, la cual, dijo, “es responsabilidad 100 por ciento del gobierno”.
De acuerdo a la moción presentada en la Corte, el grupo estará liderado por el comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert Guadian de Seguridad Nacional (DHS), Dale Eppler del Departamento de Estado (DOS) y el fiscal Scott Stewart de Justicia.
Este plan refleja un esfuerzo significativo interinstitucional para identificar y recopilar información que puede ser utilizada por los demandantes para contactar a miembros de la demanda colectiva y conocer sus deseos con respecto a la reunificación”, señalan los abogados del gobierno en el documento.
En cuanto al proceso de reunificación de familias migrantes separadas en la frontera sur de Estados Unidos, tras la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal que emprendió el presidente Donald Trump, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que a la fecha mil 992 niños han sido devueltos a sus padres o a tutores.
Otros 559 continúan clasificados como no elegibles para una reunificacióninmediata.
El escrito revela que el gobierno de Trump aún tiene bajo su cuidado a 386 niños cuyos padres ya no se encuentran en el país, de los cuales la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) ha tenido contacto con los progenitores de 360 menores (299 en los últimos siete días).
Sobre los restantes 26, el gobierno estadounidense desconoce el paradero de sus padres.
Asimismo, un grupo de 51 padres fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y hasta el momento no se ha logrado tener contacto con ellos, según el informe.
Para este último grupo, el gobierno de Donald Trump plantea un proceso similar a los grupos que fueron reunificados por orden de la Corte. Una vez que sean contactados por autoridades federales se investigarán sus antecedentes y, de no encontrarse factores de riesgo, se procederá a un “proceso expedito para reunificación”.
El gobierno precisó que cubriría con los gastos de traslado que esto conlleve.
Sobre las reunificaciones pendientes en las que los padres están fuera del país la administración de Donald Trump no ha revelado cuál será su estrategia, aunque en la moción de este jueves dijo que se encuentra en la última etapa de elaboración y será presentado “en breve”, sin especificar una fecha.
La administración volvió a insinuar que requerirá el apoyo de asociaciones civiles y de la propia Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización que interpuso una demanda colectiva a nombre de familias que fueron separadas en la frontera con México.
Por su parte, ACLU corroboró que ha designado un comité para coordinar la tarea de localización de padres que fueron repatriados, liderado por la firma legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y apoyado por grupos no lucrativos como KIND (Kids in Need of Defense), Justice in Motion y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).
Tras la ubicación de los padres deportados, este comité confirmará el interés por hacer valer su derecho de reunificación y, de ser así, hacerlo saber tanto a la corte como al gobierno de EU.
En un escrito también entregado a la Corte, ACLU dice que ya recibió de la administración la lista de los padres que fueron expulsados del país, así como algunos números de contacto familiares que podrían dar información sobre su paradero.
Dicho organismo dice tener conocimiento de niños que han aceptado su salida voluntaria del país para regresar con sus padres, por lo que han solicitado al gobierno que se entregue la relación de estos casos para su respectivo vigilancia.
También, insistió en que el gobierno federal agilice el proceso en los casos que el menor y el padre se declaran listos para la reunificación.
Ambas partes regresaran el viernes a la corte para explicar sus avances ante el juez federal Dana Sabraw, que ve la demanda interpuesta por ACLU.
Gordillo Morales estaba acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada y durante más de cinco años enfrentó un litigio que la mantuvo en prisión.
Los últimos meses los pasó en su domicilio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México bajo arresto domiciliario.
