CUERNAVACA, MOR.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Morelos contra el Congreso del estado, por la disputa de forma y fondo del Paquete Económico 2023, aprobado unilateralmente por el legislativo en noviembre pasado.
El máximo órgano de justicia del estado radicó con el número 276/2022, la controversia constitucional impulsada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que podría poner en suspenso el presupuesto estatal 2023, confeccionado, redistribuido y ajustado de forma unilateral por el Congreso del estado, tras la presentación –por parte del ejecutivo– del paquete económico en octubre pasado.
Mientras el legislativo de Morelos, comandado por la alianza PRI-PAN-MC-NA y una porción de Morena, difundió “amplios beneficios para los morelenses” contenidos en el paquete presupuestal que le ajustaron al Ejecutivo, el propio Ejecutivo aseguró que los diputados hicieron ajustes para “amarrarle las manos”, y denunció que los “ajustes” realizados en realidad fueron redistribuciones económicas para satisfacer intereses políticos, electorales y hasta familiares de los diputados.
Además, la mitad de los presidentes municipales de Morelos denunciaron a finales de 2022, que los ajustes realizados por los diputados beneficiaron sólo a 3 municipios: Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec, que acapararon casi el 60 por ciento del presupuesto para obra pública.
Los munícipes dijeron que esas preferencias fueron para beneficiar al PAN que tiene interés en mantener electoralmente la capital del estado, pero también a los alcaldes de Yecapixtla y Yautepec, quienes son hermano del presidente del Congreso (PAN), Francisco Sánchez Zavala y papá del presidente de la comisión de Hacienda del legislativo, Agustin Alonso. Tanto Sánchez Zavala como Alonso también fueron alcaldes de esos municipios.
Los “los ajustes” de los diputados fueron observados por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, sin embargo y contra la praxis legislativa y tradición política, el Congreso estatal las ignoró y esperó al límite de 2022 para solicitar la aprobación del presupuesto 2023, a lo que el Ejecutivo no podía engarse, en cambio, tenía el recurso de la controversia constitucional.
En caso de que la SCJN otorgue al Ejecutivo la suspensión provisional de la aplicación del presupuesto 2023, será el segundo año en que la rispidez y unilateralidad de los legisladores impida que Morelos tenga un presupuesto concensado entre poderes. En 2022 los desencuentros con el gobernador no sólo provocaron la aprobación del presupuesto, sino también una guerra política que ha alcanzado matices personales.
