CUERNAVACA, MOR.- Trece organizaciones de juristas del estado de Morelos, denunciaron este lunes las componendas que corrupción que privan en la designación de diez magistraturas para el Poder Judicial en el Congreso del estado, donde diputados planean entregarlas a sus asesores y venderlas hasta en cinco millones de pesos.
En rueda de prensa, los representantes de diversas organizaciones de profesionales, incluida la Barra de Abogados del estado Morelos, denunciaron que los diputados del G-15 (PRI-PAN-MC-NA y algunos de Morena) se preparan para entregar 10 magistraturas a cambio de dinero pero también de componendas políticas.
A través de un documento que entregaron al Congreso estatal, exigieron transparentar el proceso al que se han inscrito casi 200 juristas, quienes verán canceladas sus posibilidades de participar debido a estos “oscuros a acuerdos”, por lo que advirtieron también que recurrirán a acciones jurídicas para frenar los nombramientos perniciosos.
Omar Alejandro López, presidente de la Asociación de Agentes del Ministerios Públicos y ex Agentes del Ministerio Público, denunció que el proceso con el que los diputados pretenden nombrar 10 magistrados está amañado desde hace el inicio, pues no solo pretenden entregarla a sus cercanos o recomendados, sino también exigir hasta 5 millones de pesos por cada una.
Además, agregó, los perfiles que pretenden impulsar carecen no sólo de experiencia en el ámbito judicial, sino tampoco tienen carrera alguna en el Poder Judicial que les permita tener la calidad profesional ni moral para obtener una magistratura.
“Se están peleando las magistraturas en base (sic) a recursos económicos. Y no lo digo de oídas, me consta que están pidiendo cinco millones de pesos por cada magistratura, lo digo con toda responsabilidad”, expresó.
Por su parte, Norma Delgado Díaz, presidenta del Colegio de Postulantes de Morelos, indicó que aquellos que sean Magistrados deben tener la preparación y calidad moral para encabezarla, por lo que también anunció que buscarán una reforma a la legislación para evitar que sean los diputados los que nombren a los Magistrados o la ley obligue a un proceso transparente y en las condiciones legales adecuadas.
