NUEVA YORK (La Jornada).- El gobierno de Donald Trump está cumpliendo con su amenaza de incrementar las detenciones de inmigrantes indocumentados con o sin antecedentes criminales, nutriendo el clima de terror entre comunidades inmigrantes e ignorando que la opinión pública mayoritaria rechaza las deportaciones y favorece la legalización de inmigrantes indocumentados.
Las detenciones de inmigrantes indocumentados tanto con antecedentes criminales y no se incrementó en 32.6 por ciento en las primeras semanas del gobierno de Trump comparado con el mismo periodo el año pasado bajo el gobierno de Barack Obama, pero se duplicó el total de los que no tienen una ficha criminal, reportó el Washington Post al obtener las primeras cifras sobre el asunto.
La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, pro sus siglas en ingles) arrestó a 21 mil 362 inmigrantes entre enero y mediados de marzo, comparado con 16 mil, 104 durante el mismo periodo en 2016. Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales llegó a 5 mil 441. Eso, afirma el Post, es una indicación de que Trump ha abandonado la política de su antecesor de enfocarse casi exclusivamente sobre inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
Según el Post, donde se registró el mayor incremento en el número de arrestos de inmigrantes sin antecedentes delictivos fue las registradas por oficinas regionales de la ICE en Dallas, Atlanta y Houston. Nueva York Boston y Filadelfia registraron algunos de los más grandes incrementos en porcentaje (en comparación con el mismo periodo del año pasado).
Aunque la gran mayoría de los arrestados desde que llegó Trump a la presidencia tienen antecedentes criminales, el incremento en detenciones de indocumentados que no han cometido ningún delito es preocupante no sólo para defensores de inmigrantes sino incluso para agencias de seguridad pública locales que encuentran que el temor ha minado la confianza establecida entre las autoridades locales y las comunidades.
El secretario de Seguridad Interna John Kelly ha reiterado que aunque ICE se enfocará sobre inmigrantes con antecedentes criminales y que “representan una amenaza” a la seguridad, ningún indocumentado será exento de la aplicación de las leyes de migración, tal como lo establecido Trump en una de sus primeras ordenes ejecutivas que firmó en sus primeros días en la Casa Blanca.
Sin embargo, el número de deportaciones es más bajo, en 1.2 por ciento, comparado con el mismo periodo del 2016 (54 mil 741 en enero, febrero y marzo), pero el número de no criminales deportados es más alto.
A la vez, estos números no superan algunos de los niveles marcados por el gobierno demócrata de Obama, incluyendo miles de inmigrantes sin antecedentes criminales. El número de arrestos por las autoridades migratorias en el mismo periodo en 2014 llegó a 29 mil 238, incluyendo 7 mil 483 no criminales.
Al mismo tiempo, la opinión pública rechaza estas políticas. Una encuesta de CNN en marzo registro que casi dos tercios de estadunidenses apoyan la legalización de inmigrantes indocumentados empleados y 71 por ciento se opone a las deportaciones. Otra encuesta de McLatchy-Marist a finales de marzo registró que 83 por ciento favorece una ruta a la ciudadania para inmigrantes indocumentados que aprendan inglés, paguen multas y cuenten con empleos en los que paguen impuestos. Encuestas anteriores de CBS News y NBC News ofrecen resultados parecidos. Mayorías también se oponen a la construcción de un muro fronterizo.
Pero por ahora, las políticas favorecidas por una minoría y fuerzas anti-migrantes continuan definiendo la agenda del nuevo gobierno. Mas allá de las medidas implementadas por el ICE y el Departamento de Seguridad Interna al que pertenece, el procurador general Jeff Sessions está girando ordenes para que su Departamento de Justicia también sea más activo en la persecución de inmigrantes.
Sessions, quien fue conocido como uno de los senadores más anti-migrantes, fue a la frontera la semana pasada para afirmar la imagen de su país bajo amenaza a este país por “ilegales” violentos, y ordenó a los fiscales federales de dar prioridad a casos relacionados a la inmigración invitando la formulación de una amplia gama de cargos de delitos mayores, y la designación de algo llamado “coordinadores de seguridad fronteriza” en cada una de sus 94 oficinas en el país. Advirtió que “esta es una nueva era, esta es la era de Trump”.
Por otra parte, el sistema judicial que ha congelado las medidas anti-musulmanas por ahora no está ofreciendo protecciones a inmigrantes indocumentados. Este lunes la Suprema Corte rechazó una apelación de refugiados latinoamericanos -en este caso 28 madres y 33 menores de edad de Honduras, Guatemala y Ecuador que enfrentan una deportación inminente- dejando en pie el fallo de un tribunal inferior que negó que tenían un derecho a que su petición de asilo fuera sometida a una evaluación judicial federal. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los solicitantes afirman que huyen de violencia contra género en sus países. Amnistía Internacional reprobó la decisión.