CUERNAVACA, MOR. – La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), aseguró que el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez promueve la confusión y el agravamiento de la crisis que prevalece entre la máxima casa de estudios y el gobierno de la entidad.
Luego de que Vera Jiménez declarara que el organismo está alineado con las autoridades estatales, quienes aún mantienen retenido el subsidio económico que evita el cobro de sueldos de las universitarios, el órgano defensor de derechos humanos fustigó oficialmente las palabras del jefe universitario a quien consideró ignorante de la tarea legal de la CDHEM.
“Actuar bajo percepciones equivocadas y emitir posicionamientos sin fundamento, como lo expresado por la autoridad universitaria, es un acto irresponsable emitido desde el desconocimiento que promueve la confusión entre la población, además de significar un ataque a las instituciones, lo cual genera un clima de mayor violencia innecesaria ante una situación tan grave”, indicó el titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito.
La actitud del rector deriva de la validación moral, por parte de la CDHEM, de las propuestas gubernamentales para transferir los recursos económicos a la UAEM a través de mecanismos administrativos o bancarios, en los que no esté involucrado Vera Jiménez, ya que -según las autoridades- la retención de los recursos se debe a que el titular universitario utiliza íntegramente los recursos públicos para pagar un crédito de 600 millones de pesos, adquirido irregularmente, de acuerdo también con las autoridades.
En el despacho de prensa, la CDHEM le aclara al rector que las propuestas gubernamentales son parte de las medidas precautorias que se le solicitaron para garantizar de forma inmediata y expedita, el traspaso de los recursos cercanos a los 90 millones de pesos, para pagarle a los universitarios, que a la fecha no han recibido su pago correspondiente a la catorcena anterior.
“Las medidas precautorias solicitadas en el expediente de queja promovida por las autoridades universitarias a la cual se sumaron los dos sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, así como la Federación de Estudiantes Universitarios; son un mecanismo legal de contención ante una POSIBLE violación grave a los derechos humanos, es decir, son una ALTERNATIVA de solución en la etapa inicial de un expediente de queja, previo al desarrollo de la integración del expediente que permita resolver de fondo el asunto”, refiere.
“La alternativa propuesta por el Ejecutivo Estatal, no es una medida obligatoria, las autoridades universitarias y los sindicatos que se han adherido a la queja, están en absoluta libertad de no aceptar o en su caso estar de acuerdo con estas medidas precautorias y dejar vivir el proceso de integración e investigación de la queja en la que ya se han solicitado los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables”.
Por lo anterior, dijo el Ombudsman, “rechazamos la percepción de que es esta institución quien RESPALDA la medida, si bien es cierto que se tienen por aceptadas e iniciado el cumplimiento de las medidas precautorias por parte del gobierno del estado, ello no implica ni faculta a esta comisión para posicionarse al respecto de las formas, toda vez que el fondo es pagar nóminas y garantizar que los maestros continúen brindando educación a los 42 mil estudiantes, cuestión que resulta primordial por el número de personas afectadas y los grupos de población que se ven involucrados”.