Roberto Salinas Ramírez, co-director del organismo, aseguró que en esta negativa y opacidad sin precedentes, la actual legislatura local cuenta con el apoyo “o al menos” con la omisión del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), ya que a pesar de los más de 30 recursos de revisión interpuestos desde octubre de 2016 -por la negativa de los diputados a informar-, no se les ha sancionado u obligado a responder.
En entrevista, Salinas Ramírez indicó que para evadir su responsabilidad desde el interior del legislativo, los diputados de Morelos utilizan diversos artículos de la ley de transparencia para justificar la opacidad, sin embargo, “ningunos de estos son aplicables ni justificados para no informar públicamente sobre el dinero público que ejercen”, mientras que gozan de las omisiones del Imipe que no resuelve los recursos interpuestos, agregó.
“Yo creo que podemos decirle a los ciudadanos que hay algo grave en el Congreso. Se está –quizás- tratando de cubrir a alguien, no sabemos a quién, pero nos parece grave que se quieran ocultar irregularidades porque no es normal que no se esté transparentando -desde hace tres años- la forma en que se está gasta el recurso público, desde hace nueve meses cómo se aplica la nómina, y los procesos legislativos tampoco”, aseveró.
Según Salinas la falta y negativa de información podría ser una ventana del manejo discrecional de los recursos, las deudas millonarias que arrastran los legisladores, la falta de pagos a los empleados y, en general, la crisis administrativa y económica que enfrenta el legislativo donde los presidentes, en turno, de las mesas directivas tienen toda la responsabilidad: Francisco Moreno Merino (PRI), primero y ahora, Beatriz Vicera Alatriste (PRD).
Presupuesto opaco y ejercicio desconocido
En la investigación que impulsa el MRC se encontró, en primera instancia, que los diputado no quieren que se sepa cuánto presupuestó el Congreso del estado para 2016 y 2017 y como se gastó, por lo que fue necesario recurrir a la secretaría de Hacienda del gobierno estatal para que otorgará dicha información, ya que fue la instancia que ministró los recursos presupuestados.
De acuerdo con Salinas, la secretaría de Hacienda les informó que en 2016 los ejercieron, un total de 650 millones de pesos, que incluyen los 100 millones de pesos “extras” que solicitó el entonces presidente de la mesa directiva, Francisco Moreno Merino, debido a que el legislativo terminaba el ejercicio “sin dinero”.
De acuerdo con la copia de un documento oficial, en poder de este medio de comunicación, la legislatura 2013-2016 dejó para sus sucesores dinero suficiente para operar: septiembre (24 millones 200 mil pesos), ctubre 22 millones 200 mil pesos), noviembre (21 millones 200 mil pesos) y diciembre (28 millones 446 mil pesos), este último ya incluyendo pago de aguinaldos, el cual fue escamoteado a los trabajadores, lo que implicó uno de las primeros señalamientos contra el Congreso que argumentó “falta de recursos”.
Nómina triplicada
Para el MRC, otro de los puntos más graves en esta investigación y de lo que sucede al interior del Congreso de la entidad, es la nómina, ya que se sabe ahora que ésta se triplicó a partir de que llegaron los diputados de la presente legislatura en 2015, sin embargo, se desconoce el número exacto de empleados cercanos a los legisladores, cuántos tienen asignados cada uno y cuál es el monto del gasto, porque no permiten conocer, no informan y tampoco quieren declararlo a los medios.
En lo referente al presupuesto de egresos y al gasto asignado, Salinas destacó que desde hace tres años, el Congreso estatal no publica su cuenta pública en su página de internet, y tampoco la entrega cuando se le cuestiona. Esta irregularidad alcanza también al gasto de la anterior legislatura, ya que los actuales diputados estaban obligados a publicar el gasto de sus antecesores, al ingresar a laborar como representantes populares.
“Desde septiembre y octubre del año pasado (2016), los legisladores no publican sus actas se comisiones, debate, sesiones, iniciativas y decretos aprobados, ni nada de lo que existe en el proceso legislativo, lo cual también es muy grave porque han tomado decisiones, efectuado reformas o votado leyes que son importantes para los ciudadanos”, como lo referente a la participación ciudadana o el tema electoral.
Para el investigador, lo que sucede es delicado y ejemplifica el desprecio por la ley y la moral publica de la presente legislatura, pues son los diputados los que deben escudriñar el ejercicio del poder y el gasto público, pero son ellos los primeros que no permiten dicha actividad republicana y democrática.
“Nos parece muy grave y delicado porque en los últimos meses han sido muy cuestionadas las decisiones que han tomado los diputados, las votaciones que han hecho y al no tener los ciudadanos la forma de hacer un escrudiño, nos parece que le están ocultando mucho o todo a ellos, y eso es un retroceso”, subrayó.
Este medio de comunicación pidió en reiteradas ocasiones y de forma directa, una entrevista con la actual presidenta del Congreso local, Beatriz Vicera Alatriste quien nunca dio respuesta.
https://youtu.be/04EfsMu2FRE