CUERNAVACA, MOR (David Monroy).- Las fracciones parlamentarias de los Partido Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), exigieron se investigue el uso de los recursos públicos del Congreso estatal, durante 2016 y lo que va de 2017, y localicen a los responsables de la crisis económica por la que atraviesa dicho.
A través de sendos comunicados, los panistas y pesistas, coincidieron que la actual presidenta del Congreso del estado, la diputada Beatriz VIcera Alatriste y otros órganos corresponsales del manejo económico, mantienen una política de opacidad y uso discrecional de los recursos públicos, por lo que es necesario que su ejercicio se transparente.
Ante ello, ambos grupos parlamentarios pidieron que el pleno del Congreso estatal apruebe el ingreso de auditores externos al Poder Legislativo y de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), con el fin de que los diputados no sean juez y parte en la investigación, y se conozca el origen de la histórica crisis financiera del Poder Legislativo derivada de “faltantes inexplicables” durante 2016 y lo que va de 2017.
El Poder Legislativo “ha promovido auditorías especiales a varios municipios en el estado, sin embargo, se ha excluido a sí mismo de este proceso, por lo que para corresponder con este compromiso, exigimos una auditoría especial y urgente al Congreso del Estado de Morelos”, expusieron los panistas.
En su texto, los diputados Victor Caballero, Carlos Alaniz, Alberto Mojica y Norma Alicia Popoca, establecieron que luego de la auditoría “y de confirmarse que hubo algún desfalco, solicitamos castigar con todo el peso de la ley al o los responsables del quebranto financiero. No hacerlo así, en mucho demeritaría una de las atribuciones fundamentales del Congreso del estado de Morelos”.
Los faltantes en el Congreso del estado han sido perennes desde 2016, sin embargo, ningún órgano oficial interno lo ha confirmado o reconocido.
No obstante, los “faltantes inexplicables” y la crisis económica ha sido evidente debido a las deudas que arrastra el Poder Legislativo con centenas de proveedores que continuamente acuden a reclamar a su área de finanzas, y por el recorte de 700 empleados de confianza a finales de 2017, y a quienes se les condicionó su pago y la posibilidad de ser recontratados si formaban su renuncia, informó en su momento, Jesús Román Salgado, líder del sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del estado de Morelos (STSPLEM).
Según dijo abiertamente, varios de los trabajadores afectados, acudieron a solicitar el apoyo del STSPLEM.
El déficit que se manejó en 2016 era de 40 a 80 millones de pesos, lo cual siempre fue negado por los propios diputados.
En 2017, la situación no ha sido diferente, ya que la crisis no sólo prevalece al grado de que la Mayoría de los trabajadores de confianza no han cobrado sus quincenas, en especial si laboran en grupos parlamentarios contrarios al PRD, cuyos diputados encabezan todos los órganos de decisión: Presidencia y Junta Política.
De acuerdo con diputados consultados, el faltante que ahora se detecta es de 93 millones de pesos, por lo que la posibilidad de un nuevo recorte, es real.
En su comunicado, el PES y su diputados Esau Mondragón reitera la exigencia de que él usó de los recursos deben transparentarse, apuntó que “con la finalidad de transparentar el uso de recursos públicos y ejecución de los mismos, ante la tardanza por parte de las autoridades correspondientes de practicar la Auditoría Interna acordada desde el año pasado a la presente legislatura, solicitará ante el Pleno, la aprobación de una Auditoría Especial a las Finanzas, debido a la falta de transparencia, rendición de cuentas e inconformidad que se tiene hacia el manejo de las mismas”.
Mondragón y el PES sugieren en su texto que sea la Auditoria Superior de la Federación la que realice la auditoría para garantizar “el ejercicio neutral de los trabajos a realizar y con ello la certeza de los resultados y la transparencia de los recursos”.
Finalmente el PES afirmó que en caso de “identificar si existe algún error en el manejo de los recursos públicos y (se debe) establecer quien o quienes son los responsables”.
