CUERNAVACA, MOR.- Familiares, principalmente esposas, de los internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelos que fueron reubicados este fin de semana, protestaron por segunda ocasión para exigir a la autoridad explicaciones por el traslado a centros federales en el país.
Ataviadas de playera roja, las inconformes se presentaron ahora ante las instalaciones del Poder Judicial del estado de Morelos, con la misma exigencia de conocer el por qué la autoridad penitenciaria estatal reubicó a sus familiares sin mediar información ni aviso previo.
En contraste, el gobierno de Morelos, a través de un comunicado, informó que el personal del “Sistema Penitenciario está atendiendo a los familiares de las PPL, proporcionando información respecto a la situación jurídica, además referente a los internos que fueron trasladados, se otorgaron los datos de contacto del destino de traslado”.
En la protesta de este lunes, una de las voceras del movimiento, aseguró que además de no conocer previamente sobre el traslado, éste fue ilegal, según dijo.
“Queremos un motivo, no queremos conflicto, no queremos problemas, queremos el motivo porque ese es nuestro derecho y el derecho de nuestras partes, de nuestras personas privadas, de la libertad, tener el derecho a saber por qué se están tomando esas acciones”, expresó.
Este viernes, un total de 182 internos del Cereso de Morelos, principalmente vinculados con delitos federales, fueron enviados a cárceles fuera del estado de Morelos, bajo el argumento “de eficientar la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios del estado, así como garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los mismos. Además de tener el derecho a una estancia digna y salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran recluidas, personal que ahí labora y aquellos que acuden a la visita familiar”.
El traslado se realizó la madrugada del viernes, por lo que los familiares de los internos reubicados iniciaron sus protestas el sábado, bajo el argumento de que no fueron informados, además de que acusaron a algunos funcionarios penitenciarios de exigir dinero a cambio de mantenerlos en Morelos.