CUERNAVACA, MOR.- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), revisará los procedimientos y excepciones que usa el Congreso del estado de Morelos para no informar sobre su cuenta pública y la nómina de los empleados personales de los diputados.
Dora Ivonne Rosales Sotelo y Mireya Arteaga Dircio, presidenta y consejera del IMIPE, aseguraron que la legislatura del estado de Morelos, no cuenta con ningún resquicio en la ley para ausentarse del cumplimiento de informar sobre su gasto desde 2014, por lo que podrían venir sanciones al Poder Legislativo y abrirse procesos de individualización de sanción contra funcionarios que generen la opacidad en Congreso estatal.
De acuerdo con información del centro Morelos Rinde Cuentas, el Congreso del estado de Morelos no informa sobre su presupuesto y como se lo gasta, desde 2014, pero tampoco informa públicamente -desde octubre de 2016- cuánto utiliza para pagar asesores especiales y generales, auxiliares, secretarios y choferes de los diputados, ni tampoco cuantos empleados son.
Sin embargo, y pese a no existir información pública en su portal, los últimos datos si permiten corroborar, que el Congreso del estado triplicó su nómina de personal cercano, tan solo en dos años.
Rosales Sotelo dijo que al igual que todos los sujetos obligados, el Congreso del estado de Morelos no puede evadir el cumplimiento de publicar dichos informes, ya que la ley no se lo permite, por lo que avisoró que la próxima revisión al sistema de transparencia del Congreso local, podría determinar qué sucede, ya que tendrá que informar sobre su actuación de transparencia, al igual que 178 sujetos de revisión, que deberán comparecer desde este 10 de junio al cuarto de julio.Cuestionadas al respecto, las consejeras negaron que el IMIPE esté solapando la opacidad del Congreso estatal.
Por su parte, Arteaga Dircio consideró que si bien el Congreso estatal no ha informado sobre los temas referidos, puede deberse a “interpretaciones” de la ley que permitía a los sujetos obligados informar hasta un 80 por cierto de su información pública, por lo que los faltantes podrían estar considerados dentro de esas “excepciones”.
No obstante, ahora la ley exige que los sujetos obligados expongan al 100 por ciento toda la información pública, por lo que el Congreso estatal podría ser sujeto a diversas sanciones como es una medida de apremio consistente en 100 salarios mínimos, y en caso de el número de acciones de reincidencia, los castigos podrían individualizarse desde el responsable de la Unidad de Información Pública (Udip), hasta otros funcionarios responsables del manejo financiero y económico del Congreso local.