CUERNAVACA, MOR. – Durante su participación en el foro denominado “Mesa de análisis y propuestas sobre el problema del agua en Cuernavaca”, Daniel Altafi, candidato a diputado federal independiente por Cuernavaca, manifestó su rechazo a la privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la capital (SAPAC), así como a la politización del tema del desabasto del vital líquido que padecen los cuernavacenses.
El foro, organizado por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, reunió a los aspirantes a la diputación federal por el Distrito Electoral Federal 01 de Morelos, correspondiente a Cuernavaca, y quienes en una primera ronda tuvieron la oportunidad de discernir sobre la problemática del agua y posteriormente, plantear sus alternativas de solución.
En su primera intervención, Daniel Altafi enumeró algunos de los problemas más graves que enfrentan los ciudadanos en el tema hídrico, entre ellos el tandeo, el cual destacó, provoca que el 57% de la población no tenga agua de manera regular, además de la falta de tomas, las malas condiciones de la red hidráulica y la mala administración del organismo operador.
Respecto a este último tema, lamentó que desde hace varias administraciones el SAPAC funciona en números rojos y reveló que para reestructurar al organismo, el cual ocupa el 92% de sus recursos en gastos operativos, se necesitan al menos 800 millones de pesos.
En la ronda de propuestas, el candidato independiente a diputado federal por Cuernavaca planteó una reingeniería en la Junta de Gobierno de SAPAC, la cual señaló, esté integrada por la sociedad civil, expertos en el tema hídrico y académicos.
Asimismo, consideró necesario realizar estudios socioeconómicos a los ciudadanos para determinar el costo a cobrar de la toma de agua, considerando su capacidad de pago para contar con un apoyo social a quienes más lo necesitan.
En este mismo sentido, Altafi propuso eliminar los pagos en efectivo directamente en el organismo operador, poner fin a los descuentos discrecionales, que representan una merma cercana a los 35 millones de pesos al año.
Finalmente planteó la aplicación de una medición electrónica al consumo de los usuarios, lo que reduciría gastos operativos, además de un cobro más exacto y la posibilidad llevar a cabo una reclasificación de usuarios, es decir quiénes deben pagar tarifa comercial y quiénes tarifa doméstica.