CUERNAVACA, MOR.- Los Fiscales de Justicia y Anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, no se presentaron ante la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local que los había citado en medio del procedimiento de destitución que impulsa a petición del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.
Desde el medio día y hasta dos horas después, los legisladores esperaron a los funcionarios, sin embargo, ante su ausencia, determinaron enviar un dictamen sobre su destitución, que este jueves será votado; no obstante, que no acudieron, los Fiscales respondieron –en su momento- a las circunstancias.
En un comunicado emitido la tarde de este miércoles, el Fiscal General del estado, Uriel Carmona justificó su inasistencia bajo la consigna de que no se encontraba en “condiciones jurídicas” para acudir ante los diputados que buscan su remoción, la cual será votada este viernes en el pleno legislativo.
A través de un comunicado difundido por sus cuentas oficial, el abogado del estado de Morelos, expresó que el llamado por escrito efectuado por los legisladores, no se le agregó la solicitud de remoción que impulsan junto con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ni tampoco se le dieron a conocer “las supuestas causas graves que pudieran justificar su remoción”.
En su escrito, también argumentó que no se le otorgó un plazo razonable para defenderse, ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, por lo que se viola su garantía de audiencia, el debido proceso presunción de inocencia, además de que consideró que el intento del gobernador y de los diputados para destituirle, Viola la autonomía de la Fiscalía General del estado y sienta un precedente a nivel nacional.
Actualmente el Fiscal mantiene una solicitud de revisión a un juicio de amparo con el que pretende esquivar las acciones de los diputados y del mandatario estatal.
Mientras tanto, el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, tampoco se presentó ante los legisladores, en cambio ya había iniciado acciones jurídicas al denunciar percal mente al principal impulsor de su salida en el Congreso del estado, el legislador José Casas González quien -según el dicho del funcionario- incurrió en delitos al dar a conocer información considerada clasificada con el fin de justificar o acelerar la destitución de los fiscales.